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La historia no olvida ni perdona

Por: Tomás García Laviana

 

Uno 

Perfidia a un gesto de paz

En 1982 el presidente conservador Belisario Betancur inicia gestiones de paz con los movimientos populares alzados en armas. Con el M-19 y el EPL firmó en 1984 un acuerdo de diálogo social y político, con pactos de tregua bilateral incluido. El 23 de agosto del mismo año el EPL firmó este acuerdo en Medellín: “se convocará a un gran diálogo nacional en el que participen, con plena representatividad, las distintas fuerzas del país. Ese gran debate político tendrá por temas centrales: la discusión y desarrollo democrático de las reformas políticas, económicas y sociales que requiere y demanda el país…” [1]

El 30 de agosto de 1984 con el mandato del XII Congreso del Partido Comunista de Colombia (Marxista Leninista), ordena al EPL un Cese al Fuego para desplegar: “…con amplitud la lucha por la convocatoria de una Asamblea Constituyente donde el pueblo colombiano pueda decidir las reformas necesarias para materializar la Apertura Democrática”. [2]

Tregua que fue aprovechada por el régimen para asesinar a varios dirigentes guerrilleros, entre ellos Luis Fernando Lalinde, un caso representativo de violación a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y de crimen contra la paz.

 

Dos

Breve Perfil biográfico de Luis Fernando Lalinde

Luis Fernando nació en Medellín el 10 de abril de 1958, terminó el bachillerato a los 17 años, en 1977 comenzó estudios de sociología en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, se convirtió en un destacado dirigente de la Juventud Revolucionaria de Colombia -JRC- del Partido Comunista M-L que organizó a jóvenes trabajadores, desempleados y estudiantes.

Tres meses antes de la ceremonia de grado, el 3 de octubre de 1984 fue detenido en horas de la madrugada en la Vereda Verdún del Municipio de Jardín de Antioquia, por la Patrulla N° 22 del Batallón Ayacucho de Manizales, adscrito a la Octava Brigada.

La familia Lalinde se enteró por compañeros que él estaba en esa Vereda. Cargado de valor y acompañado de una fotografía uno de sus hermanos viajó hasta la zona y encontró que todos los habitantes de la vereda habían presenciado que ha Luis Fernando lo habían torturado en una casa de la comunidad: “le colocaron una soga al cuello. La soga la pasaron por una viga y lo colgaron y cuando se estaba ahogando lo soltaban y le tiraban agua” [3], luego fue sacado del lugar en un camión del Ejército a las 6:00 pm con rumbo desconocido.

El 15 de septiembre del mismo año, el Ejército lanzó una operación militar de aniquilamiento sobre los campamentos guerrilleros en tregua, uno de esos ataques se lo propiciaron a Luis Fernando Lalinde quien con 26 años de edad se había convertido en Comisario (jefe) político del Frente Carlos Alberto Morales del EPL; en la reacción cae un militar sin insignias en el uniforme, al que le encuentran identificación de capitán del Ejército y documentos del plan detallado firmado por la Octava Brigada.

El grupo guerrillero decide evacuar de la zona a sus compañeros heridos y llevar las evidencias encontradas a los voceros políticos de la Comisión de Paz del EPL; en esa misión fue capturado y desaparecido Luis Fernando.

Tres

“12 años de Operación Cirirí” (con C, no con S, insiste)”

Su madre Fabiola Lalinde emprendió la búsqueda en brigadas, cárceles, ministerios, hospitales, hicieron múltiples denuncias penales y solicitudes dirigidas al Gobierno, el 20 de octubre del mismo año se trasladó a la región de Jardín (Antioquia) la Comisión de Paz y Verificación integrada por voceros del EPL y del Gobierno y constataron los testimonios de la comunidad de Verdún.

Agotando todos los recursos establecidos consiguieron una sola respuesta; no concreta, de la Procuraduría Delegada para las fuerzas militares de la época, sobre la existencia de un informe militar en donde reportaban la captura de dos jóvenes en el mismo día y lugar en la que vieron por última vez a Luis Fernando: “ “Aldemar” (Orlando Vera Mulos) y «Jacinto» N.N. un cadáver sin identificar, dado de baja por intento de fuga” [4].

   Tras una serie de viajes y de nuevos trámites y con el derecho que le asistía a Fabiola de saber si “Jacinto” N.N. era su hijo exigió un certificado de defunción de N.N y estar en la exhumación de ese cadáver, pero se la negaron. El Gobierno por medio de Héctor Abad Gómez presidente de una organización de la sociedad civil, no gubernamental (Comité de Derechos Humanos de Antioquia) hizo saber a la familia Lalinde que al cadáver le faltaban las huellas dactilares y que así no se podía reconocer.

Héctor Abad acompañó a la familia Lalinde durante los procesos de investigación, recolección de pruebas y ante la obstrucción por parte de los  victimarios para ocultar los elementos recaudados (evidencias) de la captura, tortura y desaparición forzada de Luís Fernando. realiza una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre otros organismos de DDHH.

La CIDH emitió sentencia el 16 de septiembre de 1988 en la resolución Nº 24/87, caso 9620 donde declara que el: “Gobierno de Colombia ha violado el derecho a la libertad personal”, ordena una “exhaustiva investigación” e “identificar a los responsables y someterlos a la justicia” y finalmente exige adoptar “medidas necesarias para impedir que hechos de tal gravedad puedan volver a ocurrir” [5]. Sentencia que quedaría en la historia de la CIDH como la primera condena internacional contra Colombia por desaparición forzada.

La respuesta del Gobierno fue el 23 de octubre de 1988 con el “Plan Centella”, un operativo militar para hacer un allanamiento a la casa de la familia Lalinde, donde le implantaron algunos kilos de cocaína para llevarla presa con la acusación de “narcoguerrillera” y presionar a que se callera la resolución de la CIDH, ya que los organismos de Derechos Humanos no llevan casos por narcotráfico.

Fabiola es capturada y enviada a la cárcel del Buen Pastor en donde planeó la estrategia de jaque mate al Estado, la cual llamó, “Operación Cirirí” (con C, no con S, insiste)”. No pasó mucho tiempo para que el Juez negara los cargos por los que se le acusaba y falla a favor otorgándole su libertad.

Cuatro

Parir en la raíz de un árbol

Después de 7 años de la desaparición de Luis Fernando, el 14 de abril de 1992 el Juzgado de Instrucción Militar cita en lo alto de una montaña al Fiscal del Proceso, Cuerpo Técnico de la Policía y a Fabiola para realizar de nuevo la exhumación de los restos de N.N. “Jacinto”, pero fue cancelada porque una de la estrategia de los militares años atrás fue el “recurso al paso del tiempo”  para que los testigos militares olvidaran el lugar.

Como última medida el Juez citó a un conductor que había estado en la exhumación del cadáver de N.N en noviembre de 1984, quien identificó el lugar, encontraron algunos huesos del N.N “Jacinto” y prendas de ropa que correspondían a Luis Fernando Lalinde, faltaba el cráneo con el que se podía lograr plena identificación, se acaba el día y el Juzgado dio por terminada la exhumación.

En mayo del mismo año la CIDH le pide al Gobierno continuar la búsqueda de los demás restos, el 19 de mayo el equipo técnico después de 8 horas de excavaciones, y con 100 metros de diferencia de donde se encontraron los primeros huesos y escondido en la raíz de un árbol encuentran el cráneo entre otros restos óseos.

El 14 de octubre de 1992 se realiza el proceso de identificación por medio de prueba ADN pero también fue saboteado por los militares para que el resultado saliera negativo.

 

Cinco

Solidaridad internacional

Hasta finales de mayo de 1994 tras múltiples solicitudes, papeleos y trámites logró hacer llegar unas muestras a la Doctora Mary Ciare King la cual se había ofrecido realizar los estudios sin ningún costo en el laboratorio de la Universidad de California en Berkeley, los resultados estuvieron de vuelta en Colombia el día 3 de mayo de 1996, demoraría otros seis meses para llegar a la Octava Brigada y leer el dictamen que decía: «los restos correspondían a un miembro de la familia Lalinde Lalinde, indiscutiblemente (99%)”[7].

   El 18 de noviembre de 1996 la Octava Brigada ordena entregar los restos mortales del luchador popular Luis Fernando Lalinde a su madre, y el 27 de septiembre de 2013 el Alto Tribunal del Consejo de Estado declaró responsable al Ejército por la tortura, desaparición y muerte de Luis Fernando y obligó al Estado a pagar los perjuicios causados.

La sanción incluía indemnización, atención en salud, elaboración de un documental para reivindicar el buen nombre de su hijo y la construcción de un monumento conmemorativo en el lugar donde fueron hallados los restos.

“Yo sugerí que se hiciera algo que valiera la pena para los niños y para la gente de ahí” [8].

Con la sugerencia de Fabiola hicieron la construcción de dos aulas para la comunidad de Verdún, una para actividades comunitarias y otra para una biblioteca de memoria, inauguradas el 12 de enero de 2017 en presencia de la madre que doblego al Estado.

Fabiola Lalinde, falleció el pasado 12 de marzo de 2022 a sus 90 años, dejando en Colombia un legado, “insistente, persistente e incómodo” el cual quedará como estandarte en la lucha contra el terrorismo de Estado.

   —“Las conquistas de la humanidad son lentas y difíciles, entonces por lo menos ahí queda; la historia no olvida ni perdona” [9].

En memoria de Fabiola Lalinde, Luis Eduardo Lalinde y Sergio Eugenio Marín Peñaranda,

este último comandante del Frente Urbano Luis Fernando Lalinde del EPL quien murió tras enfrentar las balas del régimen en el año 1994 en la ciudad de Bogotá.

 

Fuentes: 

[1] Acuerdos de Corinto y el Hobo, 24 de agosto de 1984.

[2] Orden de Cese al Fuego, 30 de agosto de 1984.

[3] Testimonio sobre la búsqueda de un hijo detenido-desaparecido por motivos políticos.

[4] Testimonio…

[5] CIDH – Resolución Nº 24/87, CASO 9620, 16 de septiembre de 1988

[7] Testimonio…

[8] Colombia 2020 – Las aulas que se construyeron gracias a la operación Cirirí

[9] Documental – Operación Cirirí. Persistente, insistente e incómoda